La conversación sobre PEMEX es compleja porque se suele confundir lo que uno cree que es lo mejor para la paraestatal, con lo que uno cree que es mejor para el fisco (no son lo mismo), con lo que a uno le gustaría que pasara, y que se vuelve aún más compleja cuando se le agrega la dimensión climática y ambiental. Es una conversación en la que muchas cosas pueden ser ciertas a la vez, pero en la que la incapacidad de reconocer la complejidad del tema lleva a puntos muertos y frustración.
Empecemos por las cosas que pueden ser ciertas a la vez:
La situación financiera de PEMEX es delicada. Lo han reportado las agencias de calificación y lo han reconocido el propio secretario de Hacienda y el presidente AMLO. Por primera vez en la historia, el gobierno federal dedica una partida explícita en el presupuesto de egresos a apoyar a la paraestatal, lo cual en cierta medida es positivo ya que al menos transparenta el monto del apoyo.1 A continuación el párrafo del último informe del FMI sobre la economía mexicana en el que se señala el transparentamiento del apoyo como algo positivo:
Sin el apoyo del gobierno federal, PEMEX muy probablemente ya hubiera quebrado. PEMEX ha tenido flujos de efectivo negativos en los últimos 10 años. Y aquí es donde empieza el diálogo de sordos: históricamente, los partidarios de la paraestatal sostienen que el desempeño negativo se debe a su alta carga fiscal; el contraargumento es que los malos resultados de PEMEX se deben a su deficiente operación. En realidad, ambas cosas son ciertas a la vez, y la reforma energética aprobada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto buscaba conciliar esas realidades mediante la reducción progresiva de la carga fiscal de PEMEX con la esperanza de que la apertura a exploración obligara a PEMEX a eficientarse. Pero en 2018 el electorado mexicano decidió darle una oportunidad a la izquierda, que tradicionalmente ha sido favorable a PEMEX y el rumbo cambió.
Bajo la Cuarta Transformación, el gobierno federal está usando su espacio fiscal para reducir el endeudamiento financiero de PEMEX (medido como porcentaje del PIB). La deuda bruta de PEMEX ha caído de 8% a 4.7% del PIB entre 2020 y 2023. En contrapartida, la deuda del gobierno federal pasó del 42.4% al 43% del PIB en el mismo período.2 La razón por la que los cambios de magnitud no son equivalentes es por el reperfilamiento de la deuda del gobierno federal, cada vez más orientada al mercado interno.
Al final del sexenio, la deuda del sector público mexicano en su conjunto, que es el nivel que miran el FMI, las calificadoras, y el sector financiero interesado en los fundamentos de la economía mexicana, terminará en niveles muy cercanos a los de 2018, y todavía por debajo de la mayoría de los pares de calificación crediticia del país. Pero eso no quiere decir que todo esté bien con PEMEX, sino todo lo contrario: El pasivo laboral (pago de pensiones a trabajadores) de PEMEX, que no entra en cálculos de deuda financiera tradicionales, es enorme, y eso que en la reforma de Peña Nieto transfirió un tercio del mismo al gobierno federal. El imparable aumento de la deuda de PEMEX con proveedores es proverbial, fuente de corrupción, y para términos prácticos impagable. En cierta medida, se puede argumentar que, el apoyo que la Cuarta Transformación ha dado a la paraestatal es insuficiente y en ese sentido hay que preguntarse qué apoyo alcanzará para sanear a PEMEX…
Habiendo establecido lo anterior, la conversación sobre PEMEX debería versar sobre lo siguiente:
Aceptando sin conceder que había que apoyar a PEMEX, no queda claro a cambio de qué se está haciendo, ni qué está ganando el fisco y por ende el contribuyente mexicano. En este sexenio, PEMEX quemó el océano; las ganancias operativas no son aparentes, y el hecho de que el propio gobierno esté aceptando que el apoyo a la paraestatal está aumentando debería por lo menos iniciar una conversación sobre un eventual replanteo de estrategia.
Aún si aceptamos que algún día habrá ganancias operativas en PEMEX, debería haber una conversación sobre a cambio de qué lo estamos haciendo. Los estimados del apoyo total (tomando en cuenta impuestos condonados más transferencias directas de efectivo) a PEMEX en este sexenio rondan los 1.32 billones de pesos, según el IMCO, equivalentes a 800 millones de pesos al día. ¿No hay mejor uso para esos 800 millones de pesos?
De verificarse el triunfo de la Cuarta Transformación que sugiere el agregado de las encuestas para la elección presidencial de junio, solo quedará aceptar que el electorado en su conjunto apoya el principio de apoyar a PEMEX. Y en ese sentido cabrá la pena preguntarse qué tanto puede apoyar el gobierno federal. Matemáticamente, nada impide que 100% del presupuesto federal (excluyendo amortizaciones de la deuda ya contraída) se vaya a PEMEX. Ese postulado es una exageración, pero sirve para hacer el punto: lo único que puede revertir la tendencia de apoyo incondicionado a PEMEX es un impedimento político, que en este momento (mayo de 2024) no queda claro de dónde ni como puede venir.3
Asumiendo que el gobierno federal continúe con su apoyo incondicional a PEMEX, las calificaciones de PEMEX y del gobierno federal de dos de las tres principales agencias de calificación y los mercados de bonos son inconsistentes y, por ende, muy probablemente, erradas.4 Si PEMEX representa un riesgo material para la calidad crediticia del gobierno federal, entonces el soberano no puede ser grado de inversión mientras PEMEX está calificado al borde del default. Y si las finanzas de PEMEX no representan un riesgo para el soberano, entonces este debería tener la misma calificación del soberano (o una muy cercana), dado que el gobierno federal ha demostrado que hará lo que sea necesario para que PEMEX no haga default en su deuda financiera. Eventualmente, el diferencial en spreads y en calificaciones se cerrará; la pregunta es cuándo y en qué dirección: ¿arrastrará PEMEX al soberano, o el soberano levantará a PEMEX?
En vista de todo lo anterior, ¿qué hacer con PEMEX? Pues… depende de dónde esté parado uno, y en ese sentido vale la pena recordar que hay procesos que no son Pareto óptimos. En ese sentido, presento una serie de ideas en el entendido de que nada de lo que se presenta aquí es recomendación o sugerencia de nada:
Ningún presidente (o presidenta) va a querer pasar a la historia como el que dejó que PEMEX hiciera default. Por dos razones: el valor sentimental de la petrolera en el imaginario colectivo y porque, a diferencia del soberano, la petrolera sí tiene activos embargables en el extranjero: la refinería en Texas, por ejemplo y para empezar. Ni en la crisis de deuda de 1982, una de las peores en la historia del país, hizo default PEMEX.
Como funcionario federal hacendario (desde el Presidente hasta el más humilde analista), y hasta no recibir instrucción en el sentido opuesto, no hay opción más que seguir “apoyando” a la paraestatal, a expensas de reducir otas áreas del presupuesto, aumentar impuestos, o seguir usando el crédito del gobierno federal para eso.
Como financiero, el diferencial de tasas entre el soberano y la petrolera se antoja atractivo; en cierta medida, mientras la calificación soberana se mantenga estable, hay yield para recoger. Como proveedor de bienes y servicios de la petrolera, parece que no queda de otra más que seguir cobrando de más para cubrir los retrasos en los pagos.
La responsabilidad final cae en el electorado y la sociedad civil en su conjunto, que mientras no exija servicios públicos de calidad ni mejoras en la situación de PEMEX, seguirá pagando cada vez más impuestos por menos beneficios.
Lo único que sí es recomendación y que no se debería de hacer bajo ninguna circunstancia dado el historial de la petrolera es la ocurrencia de volverla una empresa de energía que incurra en energías renovables. Desafortunadamente, las dos candidatas que tienen posibilidades reales de ganar la presidencia dijeron que van a hacer exactamente eso…
Históricamente, la forma en la que el gobierno federal ha “apoyado” a PEMEX es mediante la condonación de impuestos y derechos, pero en este sexenio básicamente se le han condonado todas las cargas imaginables a la petrolera, por lo que ya hubo que inyectarle dinero directamente.
En este post se presenta la deuda bruta del sector público. El FMI y las agencias calificadoras observan la deuda neta (es decir, restando el efectivo y equivalentes de los activos del stock total de la deuda). Históricamente, la diferencia entre deuda bruta y deuda neta oscila entre 0.5% y 1.0% del PIB. Es más conservador observar la deuda bruta, además de ser más sencillo.
Y, en realidad, quizá este postulado no sea tan exagerado; los primeros presupuestos del México independiente dedicaban hasta 95% del presupuesto a defensa y el resto a cortes. México ya ha estado en una situación en la que ha dejado de proveer servicios públicos esenciales en aras de una prioridad que la élite sociopolítica ha definido de antemano. Ver, en este sentido, el libro La formación de la Hacienda pública mexicana y la tensiones centro-periferia, 1821-1835 de Jesús Hernandez Jaimes.
Estas dos calificadoras son Moody’s y Fitch, con S&P siendo la única calificadora que, al momento, es consistente.