Este post es parte de la serie de posts sobre finanzas públicas que empecé aquí. Esta serie se compone de posts teóricos, como este, y prácticos, que toman el caso de las finanzas públicas de México y cuyos títulos terminan con la palabra BIS.
Las finanzas públicas son manifestaciones del poder relativo en una sociedad: a quién se le quita (ingresos) y a quién se le da (gastos). El poder del Estado probablemente se sienta más más en el lado del ingreso: que se le quite a alguien a algo suele resentirse más que recibir algo, sobre todo cuando se recibe algo por mucho tiempo y se vuelve un derecho adquirido.
Los códigos fiscales tienden a crecer en complejidad y número de palabras con el tiempo, como la sociedad a la que el Estado intenta gravar. Y como la sociedad, el código fiscal suele ser contradictorio y lleno de salidas ocultas. En el argot, esas salidas se llaman gastos fiscales y son una parte muy importante detrás de la complejidad de los códigos fiscales.
En términos simplificados, existen impuestos directos (al ingreso y al patrimonio) e indirectos (al consumo y a las importaciones). Hay argumentos para creer que los estados de bienestar modernos se han financiado gracias a los impuestos indirectos que, al estar incorporados en los precios al consumidor, “no se sienten” y tienen un impacto menor sobre el trabajo y la inversión que los impuestos directos. En el siglo XXI, que nos trajo a las network economies y con ellas a los milmillonarios, empieza a surgir la duda de si será necesario imponer tasas confiscatorias al patrimonio y al ingreso a fin de reducir la desigualdad y financiar las crecientes demandas del estado de bienestar; el contraargumento es que es mejor reducir las exenciones y los gastos fiscales en general. Al final, la decisión será política.
Probablemente, el malestar de este siglo haya hecho que la era de las grandes reformas fiscales (entendidas como los actos legislativos en los que se suben las tasas y se amplían las bases de forma generalizada) haya terminado. En ese sentido, las presiones de gasto que enfrentan algunos Estados lleven a un aumento de ingresos por tarifas de uso (por ejemplo, en autopistas) y multas. La evidencia actual sugiere que la judicialización de las finanzas públicas tiende a ser regresiva; y de hecho, las multas fueron una de las principales fuentes de ingresos de la República Romana.
En los estados funcionales, el poder del Estado para gravar (ya sea mediante impuestos, multas, tarifas, o confiscaciones forzadas) es fundamentalmente infinito. El monopolio de la violencia del Estado se usa, en una primera instancia, para gravar, y después para gastar en lo que las audiencias relevantes acuerden.